Qué defendemos

En UPA entendemos como explotación familiar aquella que da empleo al titular o titulares de la explotación, pudiendo tener o no trabajadores contratados, y que está implicada y trabaja en el territorio donde está ubicada y por tanto lo gestiona de manera sostenible, invierte en él y trabaja por él. Por tanto, no se trata de una definición únicamente económica, sino que, necesariamente debe atender a consideraciones sociales y territoriales; estamos, pues, ante un modelo de explotación agraria socioeconómico ligado al territorio a través de una gestión sostenible del mismo.

UPA insta a la Conselleria a que defienda la profesión agraria valorizando al agricultor y ganadero, no sólo como productor de alimentos sino también como promotor de riqueza, gestión y sostenibilidad del medio sobre el que se asienta. Para ello se debe:

• Asegurar el reconocimiento de la Agricultura Familiar a través de una Ley de la Agricultura Familiar con el objeto de establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas.
• Desarrollar acciones con el objeto de poner en valor ante la sociedad las diversas funciones que ejerce la Agricultura Familiar, desde el ámbito social, económico y ambiental/territorial. Ejemplo de ello deberían ser la realización de campañas de comunicación y de sensibilización a la sociedad sobre el significado y contribución de la Agricultura Familiar

Consideramos que la Conselleria se debe sentar a hablar con los representantes legítimos de los agricultores y ganaderos y entre todos establecer un nuevo escenario de relaciones. El actual está agotado. Pensamos que es necesario apostar por definir una cartera de servicios y actuaciones propias de las organizaciones profesionales agrarias. Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda, etc., son ejemplos de países que cuentan con organizaciones agrarias fuertes y con una amplia representación en las zonas agrarias y en todos los sectores, porque forman parte del sistema público-privado-representativo de apoyo a los profesionales. Es preciso igualmente intensificar y redoblar los canales de interlocución.

Durante la campaña 2023 de la PAC se han detectado diferentes aspectos que, aunque puedan parecer menores, es necesario modificar en el PEPAC de cara al año 2024. Algunas de estas cuestiones son:

• Activar la línea de asesoramiento a explotaciones agrarias para reducir el impacto económico que los agricultores y ganaderos debemos soportar para cumplir con la nueva PAC
• Permitir que los márgenes de biodiversidad en cultivos leñosos se puedan hacer entre las calles de los árboles y no solo en los límites de las parcelas.

En esta legislatura se ha conseguido evolucionar la Ley de la Cadena para incluir todos los productos del anexo I del tratado de la Unión Europea, evitar la venta a pérdidas o la destrucción del valor de la cadena, se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan a productores primarios, se amplían las prácticas desleales, se refuerzan las sanciones y éstas serán públicas cuando sean firmes, entre otras modificaciones de la Ley del 2013.

Es el momento de consolidar la Ley y de hacer que se cumpla en todos sus extremos. Para ello es imprescindible que la AVICA tenga una dotación suficiente en presupuesto y en personal para hacer cumplir la Ley. Por otro lado, es necesario avanzar en el estudio de las cadenas de valor de los principales productos agroalimentarios de la Comunidad Valenciana. De esta forma se desarrollan procedimientos que a partir de datos objetivos pueda, de forma semiautomática, actualizarse el análisis de los márgenes en cada punto de la cadena.

Así mismo es necesario que se elabore estudios de costes de producción para los principales sectores que se pueden tener en cuenta a la hora de firmar los contratos e indexar éstos a diferentes factores, entre ellos los costes medios de producción de un sector.

Por otro lado, UPA considera que las malas prácticas comerciales existentes en las operaciones de compraventa de nuestras cosechas constituyen un lastre para la viabilidad de la agricultura y ganadería en la Comunidad Valenciana, por lo que erradicar esas malas prácticas debe ser una prioridad de la Generalitat Valenciana. 

El sistema de seguros agrarios es en la actualidad uno de los pocos instrumentos válidos para garantizar las rentas de los agricultores. Se trata de la principal política nacional de apoyo al sector y por tanto reclamamos el mayor de los apoyos, más cuando el sector se ve afectado por los efectos adversos del cambio climático.

Es imprescindible apuntalar un sistema de seguros agrarios potente que cubra las necesidades del sector y que asegure la supervivencia de las explotaciones agrícolas y ganaderas ante pérdidas originadas por eventos climáticos o zoosanitarios.

En la última legislatura hubo un compromiso por parte de la Consellería de dotar apoyar la contratación del seguro destinando una partida económica para tal fin. Desde UPA consideramos que el apoyo en la actual campaña supone un suelo de cara a los próximos años y se debe garantizar como mínimo este nivel de apoyo.

Por otro lado, los efectos de la sequía en la mayor parte de las producciones agrarias de nuestro país han abierto la posibilidad de subir el apoyo medio al seguro agrario del 47,6% al 70% para unas determinadas líneas, elevando el total de gasto previsto hasta los 358,21 M€. Pues bien, esto abre una nueva línea de apoyo que desde UPA entendemos debe institucionalice en este nuevo tiempo político: la de llegar al máximo del apoyo permitido por la vigente normativa comunitaria sobre ayudas estatales al sector agrario (70%) para las pólizas de los agricultores profesionales y familiares. Debe darse un diferente apoyo según tamaños de explotaciones.

La idea sería agotar el máximo de apoyo permitido por Bruselas en favor de las explotaciones profesionales y familiares y que este apoyo descienda notablemente para el resto.

En el sector cada vez hay una mayor entrada de capital externo que rompe con el modelo tradicional de explotación familiar. Es necesario tener presente esta situación y centrar los apoyos en la explotación familiar frente a otros modelos empresariales que buscan maximizar beneficios con poco o nulo compromiso son el medio rural, el entorno y sus valores. Se trata de otorgar un trato diferente por parte de la Administración a realidades que son diferentes.

Mención especial merece el mundo de la energía. La energía representa un reglón muy importante en la estructura de costes de producción de las explotaciones agrarias, especialmente importante en el regadío. Nuestro sector tiene peculiaridades en cuanto al uso de la energía (muy estacional) y en cuanto a su ubicación que precisan definir un marco regulatorio específico. Así demandamos que en los consumos de regadíos se facture por la potencia realmente utilizada o que se permita desarrollar un verdadero contrato de temporada; igualmente pensamos que el balance neto energético es la solución para muchísimas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Defendemos la devolución del IEH para el gasóleo agrícola y consideramos que es preciso mantener una fiscalidad diferenciada en el caso del gasóleo agrícola respecto al resto de combustibles. La dependencia total y en exclusiva del gasóleo del sector agrario es el argumento para rechazar cualquier incremento de fiscalidad que pudiera tener por objeto orientar hacia combustibles menos contaminantes.

Defendemos el desarrollo y potenciación de la biomasa tanto con destino eléctrico como térmico. Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental, siempre y cuando se genere riqueza, bienestar y futuro para todos, sobre todo para los agricultores y ganaderos que están en el territorio. UPA considera que no se debe permitir que la instalación de fuentes de energía eléctrica se haga de cualquier manera y en cualquier zona.

No parece razonable que, habiendo tanta superficie en nuestro país, las Administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico.

La generación de energía renovable puede, y debe de ser un componente más del desarrollo rural, una fuente más de rentas e ingresos para las comunidades rurales donde se desenvuelvan los nuevos proyectos. Puede suponer un potente motor de desarrollo rural, siempre y cuando se acierte con mecanismos compensatorios que permitan al medio rural participar de los beneficios de esta actividad, para lo cual hay que desarrollar un marco normativo y de relaciones entre los distintos agentes que participan en estos proyectos (empresas promotoras de los proyectos, administraciones estatal, autonómica y local, y comunidades rurales donde se instalan los parques eólicos y solares). Hay que primar la participación del rural en los beneficios de la generación de estas energías. No siendo admisible que se autoricen proyectos aplicando únicamente criterios supuestamente técnicos y económicos, que dejen al margen cuestiones sociales, como la participación de las comunidades rurales en las rentas generadas por esta actividad, o la creación de empleo rural.

Apostamos por las energías renovables, y reclamamos que el nuevo gobierno desarrolle la legislación que regule la implantación de este tipo de infraestructuras en terrenos no aprovechables para uso agrícola. Es preciso realizar una ordenación del territorio pensando en el desarrollo de renovables. Y que, para su autorización los nuevos proyectos deben de incluir medidas compensatorias para las poblaciones rurales de las zonas en las que se instalen. Hay que valorar las tierras en las que se instalen en cualquier procedimiento expropiatorio por su capacidad de generar energía y no sólo por su valor rústico, y primando en subastas y concursos de adjudicación de nueva potencia, tanto inversiones industriales generadoras de empleo local, como acuerdos voluntarios previos con los propietarios de los terrenos en un marco de negociación transparente y de seguridad jurídica.

En lo relativo a sanidad vegetal, en el marco de la propuesta de revisión del Reglamento sobre la utilización sostenible de fitosanitarios que está realizando la Comisión Europea es necesario disponer de mapas precisos de las zonas que se consideran de especial protección medioambiental y definir con los Estados Miembros las estrategias a llevar a cabo; fomentar la I+D+i orientada a la mejora de las herramientas para la defensa de los cultivo en el escenario de condiciones de cambio climático en que nos encontramos y encaminadas a obtener nuevos productos fitosanitarios que sustituyan a los eliminados por la UE.

Las políticas europeas de sanidad y bienestar animal suponen cada vez mayores exigencias para los ganaderos, hay que desarrollar los canales adecuados para que éstos vean justamente remunerado su esfuerzo e implicación. Reconocer y comunicar que el sector ganadero ha desarrollado ya importantes avances en materia de sanidad y de bienestar animal y que se tenga en cuenta a la hora de plantear nuevas normativas.

Tanto en sanidad animal como vegetal, establecer las mismas exigencias para los productos que se importen a la UE desde países terceros y que en todo momento las nuevas propuestas en estos ámbitos tengan una sólida base científica sobre las mejoras esperables, con análisis de las implicaciones socioeconómicas.

Asegurar la calidad de vida, los servicios y equipamientos públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, a través de estrategias de ordenación territorial para el desarrollo rural. Para ello, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

• Garantizar que las políticas y medidas para el desarrollo rural generen empleo estable y de calidad en actividades económicas.
• Mejorar los servicios y equipamientos básicos (educación, sanidad, empleo, dependencia, transportes, comunicaciones, etc.) y la oferta educativa, cultural y asistencial en el medio rural. En especial, reforzar la sanidad pública, dotando de los medios y recursos necesarios para un trabajo digno de los profesionales y una atención adecuada a los pacientes.
• Apoyar la diversificación de actividades en el medio rural.
• Garantizar el acceso a internet de banda ancha y fomentar las nuevas tecnologías y la digitalización en el medio rural, como herramientas imprescindibles para facilitar la formación, la comercialización de proximidad y las empresas locales. Y acompañarlo de asesoramiento y formación para su buen uso.
• Política activa frente al despoblamiento del medio rural. Se deben desarrollar políticas activas e innovadoras y con el suficiente respaldo presupuestario en las zonas con grave despoblamiento, y para las cuales, la agricultura familiar debe tener un referente destacado.
• Establecer una política de Estado para el medio rural con todos los actores interesados, incluyendo la creación de una Mesa Estatal para el Medio Rural, que permita debatir propuestas legislativas y consultar e intercambiar puntos de vista sobre la incidencia de la aplicación de las políticas en el medio rural. Esta Mesa estaría constituida por las entidades representativas de la sociedad civil, las administraciones públicas competentes y expertos en la materia. Debería regularse normativamente y depender orgánicamente de Presidencia del Gobierno.

Los jóvenes y mujeres en el medio rural necesitan de instrumentos y herramientas específicas que valoricen su función y les permitan llevar a cabo sus actividades con el suficiente respaldo legal, económico, social y fiscal para que sigan formando y construyendo el tejido social en nuestro medio rural. Es esencial el apoyo a los jóvenes para garantizar la sostenibilidad generacional de la Agricultura Familiar, no solamente a través de las ayudas a la incorporación a la actividad agraria, sino también:

• Favoreciendo el acceso a la tierra y dinamizando la movilidad de tierras.
  

• Promover el relevo generacional a través de incentivos para transmitir explotaciones agrarias y derechos de ayuda.
• Impulsando la formación, la divulgación y el asesoramiento.

Prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en especial reforzando el papel de la mujer en el sector agrícola y ganadero, y poniendo en valor el trabajo realizado por las mujeres como base del desarrollo del medio rural, a través de:

• Fomentar la Ley de Titularidad compartida para su conocimiento e incrementar las inscripciones en el correspondiente registro.
• Promover la labor de las asociaciones de mujeres en el medio rural.
• Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas de fomento del medio rural.

Es necesario promover planes de acción con medidas de mitigación y sobre todo de adaptación al cambio climático a través del manejo sostenible y racional de los sistemas agrarios y fortaleciendo medidas de resiliencia ante el cambio climático desde la perspectiva de la Agricultura Familiar.

Ante una de las consecuencias más visibles e impactantes del cambio climático, como es la sequía, tanto agronómica como hidrológica, se deben establecer apoyos económicos para aquellas explotaciones de carácter familiar cuya rentabilidad e incluso su viabilidad se vea mermada de manera importante a causa de esa carencia de agua o por las consecuencias de la aplicación de los planes de sequía respectivos.

Debido a las características hidrológicas de nuestro territorio, la disponibilidad de agua constituye un factor que limita su desarrollo: amenaza el estrangulamiento de actividades económicas, frena el incremento de actividades productivas y condiciona la conservación del medio ambiente. Por tanto, es necesaria una planificación hidrológica en el ámbito de todo el territorio nacional, que debe tener entre sus ejes prioritarios: la mejora de las infraestructuras existentes, la redistribución social de los recursos y el fomento del ahorro y eficiencia en el uso del agua. Lo que en definitiva supone desarrollar una gestión eficaz y socialmente justa del uso del agua. Para ello es necesario reforzar el control público del uso y de la calidad del agua, y potenciar la participación y la corresponsabilidad de los regantes.

Los regadíos constituyen de una manera generalizada una fuente de riqueza frente a los secanos tradicionales, además de suponer un incremento del valor añadido, y lo que es más importante, un factor que socialmente implica un freno al despoblamiento de nuestro medio rural.

El regadío ha sido considerado tradicionalmente como un elemento clave para el desarrollo rural. Sin agua no hay producción agraria y sin ésta es inconcebible el desarrollo rural.

Ante las políticas en agua, desde UPA resaltamos las siguientes propuestas:

• Satisfacer las demandas de agua de uso agrario.
• Fomento de infraestructuras hidráulicas con destino final para el regadío.
• Reforma del sistema concesional.
• Fomento de los bancos públicos del agua y rechazo al mercado del agua.
• Trasvases desde la cohesión y equilibrio territorial.
• Impulso a la reutilización de aguas regeneradas.
• Construcción, puesta en marcha y actualización de desaladoras, con precios asumibles para el sector agrario.
• Diferenciación en el sistema tarifario.
• Exención del principio de recuperación de costes para la agricultura familiar.
• Impulso a la participación pública en la planificación y gestión del agua.

Es imprescindible potenciar la modernización de regadíos desde el punto de vista social, económico y ambiental, como instrumento esencial para mantener población y empleo en el medio rural, generar actividad económica produciendo alimentos para la sociedad, y como instrumento de lucha contra el cambio climático, tanto desde la mitigación como de la adaptación, teniendo como objetivos una utilización más racional del consumo de agua y mayor eficiencia energética, sustituyendo las energías fósiles por renovables.

En amplias zonas de España se están amplificando los efectos de la sequía en las dos últimas campañas agrícolas. Esta situación está provocando importantes reducciones de la producción en todos los sectores. Hasta el momento, las medidas que se han puesto en marcha por parte de las diferentes Administraciones han sido muy escasas, por lo que es totalmente necesario el diseño de un plan de apoyo integral que compense las enormes

pérdidas acumuladas por la mayor parte de los sectores agrícolas y ganaderos, que han coincidido con un aumento espectacular de los costes de producción.

La adopción de medidas para garantizar la viabilidad de las explotaciones de regadio es fundamental, así como conseguir una agricultura de secano más resiliente es imprescindible para mantener la actividad agraria y ganadera en medio rural, sobre todo en las zonas de interior y fijar población. 

Medidas urgentes 

• Flexibilización de lo ecoregímenes. La sequía no puede ser causa de incumplimientos de los mismo  

• Ayudas directas para aquellas explotaciones afectadas por la sequie: Cultivos de secano almendro, olivos, vid y ganadería extensiva 
• Riegos de emergencia (Revisión de normativas para su autorización) 
• Priorización del secano en todas las ayudas existentes y sobre todo si son para la inversión en medios de captación de agua de lluvia. 

Medidas medio y largo plazo 

• Digitalización: Complementar las ayudas del kit digital si son para inversiones en mejora de la eficiencia en riego. 
• Políticas dirigidas a la eficiencia en el riego a nivel parcela 
• Priorización de inversiones dirigidas a la eficiencia riego 
• Red de depósitos de riego de emergencia para cultivos de secano 
• Políticas de innovación relacionadas con la captación de agua de lluvia. Actualmente el IVIA no está trabajando en esta línea para estudiar la posible aplicación de tecnología existente a los cultivos de secano de la Comunidad Valenciana. 

Impulsar la formación y la transferencia de conocimiento a los agricultores y ganaderos, así como la innovación y digitalización, especialmente a través de los Grupos Operativos, con objeto de hacer frente a los diversos retos a los que se enfrenta el medio rural y el sector agrario.

Apostar por el reconocimiento de la labor de los agricultores en favor de la biodiversidad. El mantenimiento del uso sostenible de las tierras agrarias es crucial para proteger la biodiversidad y para mantener el paisaje que conforma.

Mayor interlocución, transparencia y participación con el sector agrario. La implantación, gestión y regulación de los Espacios Naturales Protegidos (Parques Nacionales, Reservas de la Biosfera…) y de la Red Natura 2000, deben tener como principales interlocutores a los representantes legítimos de los agricultores y ganaderos (es decir, a las OPAs), como propietarios y gestores de los territorios que alberga esos recursos naturales. Por tanto, es preciso mejorar los instrumentos de interlocución, dotar de una mayor transparencia a los procesos de gestión y dar cabida en los diferentes órganos consultivos y gestores (comisiones de seguimiento, patronatos, etc.) a las OPAs.

Apoyos y prioridades específicas en Espacios naturales protegidos y en Red Natura 2000. Estos espacios naturales se tienen que gestionar de tal manera que además de conservar la biodiversidad, suponga una oportunidad para la mejora de las explotaciones agrarias ubicadas en estas áreas. Por ello se deben establecer tanto en las políticas agrarias, rurales y medioambientales apoyos específicos para los agricultores y ganaderos que ejerzan una actividad sostenible en estos espacios.

Compensación a los agricultores y ganaderos por daños de la fauna silvestre protegida. Los perjuicios causados por la fauna silvestre que tenga determinados grados de protección no deben ocasionar más problemas añadidos a los agricultores y ganaderos que los sufren, por este motivo las administraciones responsables y competentes deben sufragar esos daños en su integridad y ofrecer medidas que los prevengan y mitiguen. En el caso concreto del corzo o el javalí, es necesario realizar estudios de su situación incluyendo censos actualizados e impactos sobre la agricultura. Por tanto es fundamental desarrollar una estrategias y medidas de prevención de daños y control de poblaciones en aquellas especies animales que ocasionan grandes problemas y perjuicios económicos en las explotaciones agrícolas y ganaderas: conejos, jabalís, corzos, etc.

Apoyo a la agricultura ecológica y a la agroecología a través de un Plan Estratégico que refuerce los planes de acción existentes para la consolidación y expansión de la producción, transformación y consumo de alimentos ecológicos.